La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una serie de diligencias legales en contra de varios exfuncionarios y autoridades en funciones del estado de Baja California. Como parte de estas acciones, se ha citado a comparecer ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno estatal y exesposo de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Torres Torres no es el único citado por la autoridad federal. Otras personas involucradas en las indagatorias contenidas en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDH/DA/RV-BC/0009656/2025 incluyen a Armando Ayala Robles, actual senador y exalcalde de Ensenada, así como al empresario Fernando Rafael Salgado Chávez. La FGR ha comenzado con el proceso formal de citaciones, convocando a los referidos individuos a comparecer en las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México.
Estas comparecencias se enmarcan en una investigación en curso emprendida por la FEMDO, especializada en combatir delitos de delincuencia organizada. Las autoridades no han precisado aún los delitos específicos por los que se investiga a los citados, pero las medidas adoptadas incluyen la exigencia de asistencia personal de los involucrados a las instalaciones de la FGR en fechas determinadas.
En paralelo, la FGR también ha girado citatorio al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, cuya comparecencia estaba programada para el día de ayer. De acuerdo con información confirmada por fuentes federales, el funcionario no acudió a la cita que tiene lugar en la misma sede que los demás implicados. La investigación correspondiente se encuentra registrada bajo el expediente FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025.
En el documento dirigido al alcalde Burgueño Ruiz, la FGR incluyó un apercibimiento legal. Se le advirtió que, en caso de no comparecer sin una justificación legal válida, se le impondría una medida de apremio equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, apartado B. Esta medida busca garantizar la presencia de los citados y avanzar con la investigación sin contratiempos legales.
