La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en caso de que las empresas pertenecientes a Ricardo Salinas no paguen los 48 mil millones de pesos que deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se podrían iniciar nuevos procedimientos jurídicos en su contra. Esta declaración se da en el marco de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que Grupo Elektra y otras empresas del Grupo Salinas deben cubrir esta cantidad por concepto de créditos fiscales acumulados.
Sheinbaum explicó que el fallo judicial no tiene tintes autoritarios y se basa únicamente en el cálculo legal de las contribuciones fiscales determinadas por las autoridades correspondientes. La mandataria indicó que el SAT seguirá los procedimientos establecidos en caso de que las empresas no cumplan con el pago, incluyendo mecanismos para asegurar el cobro conforme a la normativa vigente.
De acuerdo con Sheinbaum, la resolución de la Suprema Corte está en concordancia con fallos emitidos por tribunales desde antes del año 2018. La presidenta citó los términos del fallo, señalando que las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito quedaron firmes y que esta decisión refuerza la postura legal del Estado sobre el adeudo mencionado.
El fallo más reciente de la Corte desechó por unanimidad el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra, el cual correspondía a un adeudo de 33 mil 306 millones de pesos. Este recurso constituía el mayor litigio fiscal de la empresa contra el fisco mexicano. Adicionalmente, la SCJN desechó otros seis recursos de revisión —5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025— acumulando un adeudo total de 15 mil 020 millones de pesos atribuible a las empresas Grupo Elektra y TV Azteca.
Sheinbaum advirtió que cualquier retraso en el pago del monto establecido podría incrementar la deuda de las compañías debido a la aplicación de multas acumulativas. El proceso legal, en caso de no haber cumplimiento voluntario, podría extenderse por un periodo prolongado, afectando los intereses financieros de las empresas involucradas. Tanto el SAT como las instancias legales continuarán supervisando el cumplimiento de los fallos vigentes.
