Un juez federal estadounidense aprobó este martes un acuerdo que compromete a los integrantes de la familia Sackler, antiguos propietarios de Purdue Pharma, a pagar hasta 7 mil millones de dólares en un plazo de 15 años para resolver miles de demandas relacionadas con la crisis de opioides en Estados Unidos. Este fallo representa una medida clave en los esfuerzos por combatir las consecuencias mortales del uso indebido de medicamentos como el OxyContin, desarrollado y promovido por la farmacéutica.
El juez de bancarrotas Sean Lane refrendó el acuerdo como parte del proceso judicial de Purdue Pharma, que se declaró en bancarrota en 2019 ante las crecientes demandas de entidades gubernamentales y víctimas individuales. Gran parte de los recursos del acuerdo se destinarán a estados, gobiernos locales y comunidades nativas para financiar programas de mitigación de la crisis de opioides, responsable de aproximadamente 900 mil fallecimientos en Estados Unidos desde 1999, según datos oficiales.
El acuerdo también contempla la distribución de 850 millones de dólares a víctimas directas, incluidos niños nacidos con síndrome de abstinencia a opioides. Para acceder a estas compensaciones, las personas deberán demostrar que se les recetó OxyContin. Dependiendo del tiempo de uso y del número de beneficiarios, los montos podrían variar entre 8 mil y 16 mil dólares por persona. Estos pagos individuales están programados para comenzar el próximo año.
Además de la compensación financiera, el arreglo implica la renuncia de la familia Sackler a la propiedad de Purdue Pharma, que será sustituida por una nueva entidad bajo control público llamada Knoa Pharma. Esta compañía estará dirigida por una junta nominada por los estados y su objetivo principal será la mejora de la salud pública. La nueva administración también deberá divulgar una amplia variedad de documentos internos de Purdue Pharma para ofrecer mayor transparencia sobre las prácticas de la empresa en torno a la promoción de opioides.
Este nuevo convenio surge tras la anulación de un acuerdo previo por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que consideró que ofrecía protección legal inadecuada a los Sackler contra posibles demandas futuras. A diferencia del acuerdo anterior, el nuevo mecanismo permite que víctimas que no participen en el proceso de compensación puedan iniciar acciones legales directamente contra los miembros de la familia. Esta modificación fue fundamental para la aprobación del plan actual.
Aunque la mayoría de las partes involucradas firmaron el acuerdo, algunas personas expresaron objeciones durante la audiencia de confirmación, incluida una mujer que se representó a sí misma y anunció su intención de apelar la decisión. A pesar de estas objeciones, el acuerdo se considera uno de los más significativos entre los múltiples arreglos financieros que gobiernos estatales y locales han alcanzado con fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias, los cuales suman ya aproximadamente 50 mil millones de dólares en conjunto.
