En el interior del movimiento obradorista, liderazgos clave valoran posponer la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el año 2028. De acuerdo con conversaciones internas reveladas en San Lázaro, esta posibilidad habría sido planteada por Andy López Beltrán, quien analiza posicionarse en un escenario político más favorable rumbo al proceso sucesorio presidencial de 2030. La propuesta busca evitar que la consulta coincida con las elecciones intermedias de 2027, consideradas por algunos sectores como un termómetro político que podría no favorecer a la actual administración.
La estrategia implicaría evitar un desgaste temprano para la figura presidencial y, en cambio, utilizar el calendario electoral de 2028 para reconfigurar alianzas dentro del movimiento. Andy López Beltrán considera que, de postergar la revocación, podría ampliar sus márgenes de maniobra frente al aparato presidencial y sus planes de sucesión, especialmente si las elecciones intermedias no consolidan el poder territorial de Morena a través de gobiernos estatales aliados. De acuerdo con fuentes del Congreso, este movimiento busca aprovechar un escenario más controlado para medir apoyos reales en el núcleo del partido.
Al interior de Morena, también se analizan las implicaciones organizativas y de control político de tal cambio en la consulta de revocación. Daniel Asaf, cercano colaborador de la presidencia, ha compartido con diputados oficialistas que el entorno presidencial preferiría realizar la consulta en 2027 con el objetivo de obtener un doble respaldo político: por un lado, sumar nuevas gubernaturas morenistas, y por otro, validar la legitimidad de Sheinbaum de forma anticipada. Esta postura busca cerrar filas en torno a la figura presidencial, dificultando posibles tensiones internas o proyectos alternativos dentro del mismo movimiento.
No obstante, no todos en la bancada coinciden con esta visión. Alfonso Ramírez Cuéllar ha señalado dudas respecto a la viabilidad de mover la fecha de la revocación. Desde su perspectiva, la propuesta permitiría observar no tanto el resultado de la consulta, sino el posicionamiento de los distintos actores del oficialismo ante un tema delicado. En recientes reuniones legislativas, el diputado indicó que más que una operación legislativa, la propuesta refleja una creciente tensión al interior del grupo gobernante, donde los apoyos ya no se dan por sentados y se vigilan con atención los movimientos tácticos de cada facción.
Este debate ocurre en paralelo a una coyuntura marcada por la presión mediática y política relacionada con la situación en Michoacán. Desde el Gobierno ha habido inquietud por la cobertura y el manejo institucional de la crisis, especialmente por la postura comunicacional del general Ricardo Trevilla. Días atrás, Trevilla confirmó que Carlos Manzo contaba con resguardo de la Guardia Nacional, mientras que más recientemente aseguró que el operativo de seguridad relacionado con este caso no presentó fallas. Esta dualidad ha intensificado el desgaste en la narrativa de control territorial del Gobierno federal en un estado clave como Michoacán.
La situación en Michoacán refuerza la necesidad, para varios sectores del oficialismo, de replantear los tiempos y los frentes políticos que desean enfrentar en cada etapa del sexenio. La presencia de actores vinculados al narcotráfico en espacios de poder local, y el dilema gubernamental entre combatirlos abiertamente o mantener ciertos equilibrios, vuelve más complejo el panorama de cara a una revocación inmediata. En este nuevo contexto, discutir el futuro político del movimiento se convierte no solo en una evaluación sobre la actual administración, sino también una proyección hacia el juego sucesorio que comenzará a definirse en los próximos tres años.
