La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) presentaron un proyecto de regulación que busca una transformación integral del ecosistema de pagos digitales en el país. A través de una nueva propuesta normativa, actualmente en consulta pública, las autoridades financieras buscan establecer nuevas disposiciones aplicables a las redes de medios de disposición. El objetivo central es optimizar el entorno operativo, disminuir los costos de operación asociados a pagos con tarjeta y potenciar la competencia en un mercado altamente concentrado.
El documento normativo propone reglas específicas para actores como bancos emisores, bancos adquirentes, marcas de tarjetas, agregadores y cámaras de compensación. Esta regulación pretende transparentar los contratos entre estos participantes, obligar la interoperabilidad funcional entre redes y reducir las barreras técnicas o económicas derivadas del dominio de pocos operadores en el sector. Esto cobra relevancia tras las observaciones realizadas en 2023 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que detectó prácticas que obstaculizaban el ingreso de nuevos competidores al mercado.
Entre los elementos centrales del proyecto destacan la imposición de límites a las comisiones cobradas a los comercios por el uso de terminales de pago con tarjeta y la introducción de obligaciones de transparencia en los contratos entre participantes de la red. Estas disposiciones buscan fomentar condiciones más equitativas en el acceso y uso de las infraestructuras de pago electrónico, facilitando así la adopción de medios digitales entre negocios de todos los tamaños.
El esfuerzo regulatorio se alinea con políticas públicas orientadas a la inclusión financiera y a la disminución del uso de efectivo en México. Las instituciones promotoras argumentan que un entorno más competitivo y eficiente en el segmento de pagos con tarjeta se traducirá en beneficios tanto para los negocios como para los consumidores al ofrecer costos más bajos, mayor diversidad en las soluciones disponibles y una mejor calidad de servicios.
La consulta pública estará abierta por un periodo determinado antes de adoptar las disposiciones finales, permitiendo a todos los participantes del sector enviar sus comentarios y sugerencias. Con ello, pretende garantizar una implementación regulatoria equilibrada, donde se consideren las visiones de todos los agentes del ecosistema financiero y tecnológico. Esta iniciativa marca un punto relevante dentro de la evolución del sistema financiero mexicano hacia esquemas más abiertos y competitivos.
