El juzgado décimo de distrito en el estado de Baja California, con sede en Tijuana, determinó mantener bloqueadas las cuentas bancarias de la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. Esta decisión fue difundida a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la cual se señaló que se negó la suspensión definitiva solicitada por la legisladora como parte de un juicio de amparo.
En el listado judicial emitido el 7 de noviembre de 2025, se consigna la resolución con la leyenda: ‘Único. Se niega la suspensión definitiva’. Esta notificación corresponde a un recurso legal promovido por Brown Figueredo el 2 de octubre del mismo año, mismo que fue admitido un día después por el mismo juzgado. Hasta el momento, el CJF no ha hecho público el documento completo que detalle los argumentos jurídicos detrás de la negativa.
El juicio de amparo fue interpuesto por la diputada con el objetivo de impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas y la emisión del acuerdo identificado con el número 282/2027. En dicho recurso, Brown Figueredo solicitó la protección de la justicia federal contra actos atribuidos al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras autoridades. Según la notificación publicada el 8 de octubre, la diputada promovió el amparo tras una acción preventiva de bloqueo iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El bloqueo de cuentas fue implementado como parte de un procedimiento solicitado por la UIF, luego de que la dependencia recibió una alerta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta alerta vincula a Brown Figueredo con René Arzate García, también conocido como ‘La Rana’, identificado como operador de la facción denominada ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa. La UIF actuó en consecuencia, solicitando el congelamiento preventivo de las cuentas.
Las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), mantienen a Hilda Araceli Brown Figueredo en su lista de personas asociadas a organizaciones criminales mexicanas consideradas como grupos terroristas. El señalamiento indica que la diputada, junto con otros individuos, participó en facilitar operaciones financieras relacionadas con la facción delictiva mencionada. Por ello, las medidas impuestas por las autoridades financieras mexicanas continúan vigentes en tanto no se resuelva de fondo su situación jurídica.
