El gobierno de Estados Unidos revocó en octubre de 2025 la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. La decisión fue tomada en el marco de una estrategia implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para restringir el acceso migratorio a personas vinculadas a actividades financieras ilícitas o con presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Fuentes oficiales revelaron que la medida se realizó tras una investigación liderada por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La indagatoria señala posibles nexos de Durazo Chávez con operaciones de lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Diversos medios de comunicación obtuvieron esta información a través de filtraciones documentales relacionadas con las pesquisas.
Reportes publicados por los portales El Congresista y Los Ángeles Press identifican a Alfonso Durazo Chávez como socio comercial de Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo y enfrenta acusaciones de robo y tráfico de combustibles. Se indica que ambos participaron en la creación de empresas con registros activos en las entidades federativas de Sonora y Baja California, las cuales habrían simulado la importación de combustibles y realizado transferencias internacionales de capital que están bajo revisión por las autoridades estadounidenses.
La revocación de la visa fue resultado del cruce de información entre agencias estadounidenses y mexicanas. De acuerdo con fuentes federales, la determinación forma parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Seguridad Nacional para limitar el ingreso de ciudadanos mexicanos implicados en investigaciones por delitos financieros, lavado de dinero o asociaciones con el crimen organizado transnacional.
Hasta el momento, ni Alfonso Durazo Montaño ni su hijo han emitido posicionamientos públicos sobre el tema. La decisión ha provocado diversas reacciones en el ámbito político de Sonora, donde se han intensificado los cuestionamientos sobre las relaciones empresariales de la familia del gobernador en la región fronteriza. La situación ocurre en un contexto donde las acciones del gobierno estadounidense contra figuras públicas mexicanas se han multiplicado.
Otras revocaciones de visa recientes incluyen a funcionarios y empresarios mexicanos. En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó al empresario Jesús González Lomelí, vinculado al Cártel de Sinaloa, así como a Hilda Araceli Brown, exalcaldesa de Rosarito, por integrar presuntamente redes criminales. En Baja California, se reportó la cancelación de visas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, su esposo Carlos Torres Torres, y al cónyuge de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.
El empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol también perdió su visa tras investigaciones financieras. Vinculado al sector de seguridad privada, Margolis fue identificado por estar presuntamente involucrado en operaciones de lavado de dinero y por su cercanía con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en proceso judicial en Estados Unidos. Asimismo, su socio Eduardo Mizrahi, proveedor de servicios a instituciones federales mexicanas, fue incluido en la misma investigación.
