La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sido vinculada a operaciones financieras realizadas por sus familiares que han levantado sospechas sobre un posible esquema de financiamiento ilícito durante las elecciones de 2022 para la gubernatura de Tamaulipas. Según documentos obtenidos por el periodista Óscar Balderas, las operaciones involucrarían más de 60 millones de pesos y se realizaron por medio de Vector Casa de Bolsa, una entidad financiera involucrada en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Las transacciones clave fueron hechas por su madre, Olga Patricia Ruiz Garza, y su tía, María Lorena Ruiz Garza. Ambas realizaron conversiones de dólares a pesos mexicanos poco antes de las elecciones. En concreto, el 7 de abril de 2022, la madre de la legisladora convirtió 1.5 millones de dólares a alrededor de 30.5 millones de pesos. Posteriormente, el 2 de mayo del mismo año, la tía efectuó otra operación de características idénticas, por unos 30.7 millones de pesos. Ambas fechas se encuentran próximas a la jornada electoral que resultó en el triunfo del actual gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal Anaya, también de Morena.
Estas coincidencias temporales, de montos y vínculos familiares refuerzan las sospechas de una operación sistemática de inyección de recursos no reportados oficialmente para apoyar la campaña electoral de Villarreal. En declaraciones recogidas durante el programa ‘Nación Criminal’, conducido por el periodista Luis Cárdenas, Balderas afirmó que podría tratarse de un patrón repetido de financiamiento paralelo canalizado por la misma entidad bursátil, que facilitaría evitar la regulación y supervisión oficial.
Vector Casa de Bolsa, a través de la cual se realizaron estas operaciones, es presidida honorariamente por Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta institución ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red de posibles operaciones de lavado de dinero. Según el titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, la casa de bolsa se encuentra en una lista de vigilancia por presunta complicidad en el blanqueo de capitales provenientes del contrabando de hidrocarburos, una actividad que ha sido denominada huachicol fiscal.
La relación de Sosa Ruiz con Sergio Carmona, conocido como ‘El Rey del Huachicol’ y asesinado en noviembre de 2021, también ha sido señalada como un antecedente relevante. De acuerdo con investigaciones periodísticas, Carmona presuntamente financió campañas políticas prestando aeronaves y entregando efectivo a figuras como Américo Villarreal y Mario Delgado. Incluso habría organizado la contratación del cantante Julión Álvarez para un cierre de campaña en Tampico, a petición de la propia legisladora. Su modus operandi, según reportes de inteligencia, incluía la utilización de empresas fantasma y facturación falsa para el contrabando de combustibles desde Estados Unidos y la canalización de los fondos mediante operadores financieros sin verificar la procedencia de los recursos.
La senadora Olga Sosa Ruiz ha negado las acusaciones y aseguró no tener relación directa con las cuentas ni con los recursos involucrados. Según sus declaraciones, difundidas recientemente, los fondos pertenecen legítimamente a sus familiares y las transacciones fueron realizadas con cheques nominativos y contratos de intermediación formales. Reiteró que no ha existido transferencia irregular de dinero, triangulación ni uso con fines electorales.
Las investigaciones y revelaciones han intensificado el seguimiento en torno a las operaciones financieras en Tamaulipas, una región señalada por su cercanía con actividades de contrabando y con antecedentes en casos de corrupción ligados a combustibles. Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales, el caso ha generado preocupación por sus posibles implicaciones políticas dentro de Morena y para el gobierno estatal, así como por los vínculos entre finanzas privadas y campañas públicas en contextos de debilidad institucional.
