Tras un debate que se prolongó por 21 horas, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del jueves 6 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026. Con 355 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y 132 votos en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El monto total del gasto se mantiene en 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, como fue propuesto originalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta cifra representa un incremento de 891 mil 667.9 millones de pesos con respecto al presupuesto del año 2025, lo que equivale a un aumento de 5.9 por ciento en términos reales.
El dictamen aprobado incluyó 12 reservas presentadas por los partidos de la mayoría oficialista con ajustes por un total de 17 mil 788 millones de pesos, a través de recortes presupuestales a diversas instituciones autónomas. Entre los más afectados se encuentra el Poder Judicial, que recibió una reducción de 15 mil 805 millones de pesos. De esta cantidad, 14 mil 56 millones corresponden al denominado Órgano de Administración Judicial y 661 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También se llevaron a cabo recortes de mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), 260 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 933 millones a la Fiscalía General de la República (FGR) y 50 millones de pesos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estas reasignaciones fueron justificadas por los legisladores de la mayoría como parte de un ejercicio de ‘responsabilidad fiscal’, mientras la oposición denunció una afectación directa a los organismos que deben operar con autonomía.
Los recursos recortados se redistribuyeron en sectores considerados prioritarios para la administración federal. Los principales beneficiarios fueron el sector educativo, al que se destinaron 10 mil 842 millones de pesos adicionales, divididos entre subsidios para organismos descentralizados estatales, educación media superior, apoyos a centros de educación y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En la asignación adicional, se aprobaron también dos mil 500 millones de pesos para una estrategia nacional en favor de la ciencia, humanidades y tecnología, además de mil 985 millones para instituciones culturales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Asimismo, se autorizaron recursos por mil 500 millones de pesos dirigidos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). El ámbito laboral también recibió una reasignación, con 319 millones de pesos para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluyendo apoyos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como áreas responsables de implementar reformas al sistema de justicia laboral.
El sector agropecuario tendrá una reasignación de 641 millones de pesos, con destino a infraestructura para el desarrollo rural sustentable bajo el rubro de Agricultura y Desarrollo Rural. Estas reasignaciones buscan fortalecer programas sociales y servicios públicos considerados esenciales, según argumentaron los legisladores de la mayoría.
A pesar de los recortes a instituciones autónomas, el dictamen señala que en algunas áreas se mantiene o incluso se expande el presupuesto. En materia de seguridad, por ejemplo, se anunció un incremento de 11 mil 120.7 millones de pesos para asuntos de orden público y seguridad interior. Esto representa un aumento del 17.6 por ciento en términos reales frente al presupuesto del año anterior.
En cuanto a entidades federativas y municipios, el presupuesto contempla un monto de 2 billones 810 mil 777.1 millones de pesos, lo que implica un incremento real del 3 por ciento en comparación con 2025. Estos recursos se entregarán mediante participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, subsidios a salud pública y otros mecanismos de financiamiento.
Por su parte, el sector salud contará con una bolsa de 965 mil 662.8 millones de pesos, lo que significa un incremento nominal de 84 mil 203.2 millones respecto al año anterior y un aumento real del 5.8 por ciento. Estas asignaciones pretenden reforzar los servicios de salud pública en un contexto de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.
