El cierre del gobierno federal en Estados Unidos cumple hoy 35 días, igualando la duración del cierre ocurrido entre 2018 y 2019 durante la administración Trump. La parálisis actual está cerca de convertirse en la más extensa en la historia del país, tras el fracaso de una nueva medida provisional en el Senado para reabrir las operaciones federales. Este martes, una propuesta impulsada por el Partido Republicano fue rechazada en la Cámara Alta con 54 votos a favor y 44 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para ser aprobada.
La iniciativa proponía reactivar la administración federal de forma temporal hasta el 21 de noviembre. El voto mostró una escasa participación fuera de las líneas partidistas. Los republicanos, con mayoría en el Senado con 53 curules, apoyaron en bloque la medida, a excepción del senador Rand Paul, de Kentucky, y la ausencia de Thom Tillis, de Carolina del Norte. Por el lado demócrata, John Fetterman y Catherine Cortez Masto se desmarcaron de su partido y votaron a favor, al igual que el senador independiente Angus King, de Maine.
En medio del estancamiento político, comenzaron a expirar fondos clave para programas sociales, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen 42 millones de personas en el país. Desde el 1 de noviembre, el cierre ha impedido la renovación de estos subsidios. Aunque tribunales federales presionaron a la Administración para usar recursos de emergencia en la continuidad del programa, y tanto el Departamento de Agricultura como el de Justicia manifestaron por separado que se intentaría mantener la asistencia con ese presupuesto, la situación aún no se ha resuelto completamente.
El presidente Donald Trump contradijo los mensajes de su propio Gobierno en una publicación en su red Truth Social, señalando que estas ayudas solo se restablecerán si los demócratas apoyan la reapertura del gobierno. Esta declaración aumenta la incertidumbre sobre la ejecución de los fondos de emergencia para los beneficiarios del SNAP, mientras los partidos siguen intercambiando acusaciones por la falta de progreso legislativo.
Además del impacto en los programas alimentarios, también se han confirmado incrementos en las primas de los planes sanitarios vinculados al Obamacare para 2026, atribuidos al vencimiento de subsidios temporales. Los demócratas sostienen que la razón de su rechazo a la propuesta republicana es la necesidad de renovar estos apoyos, mientras que los republicanos argumentan que no se debe continuar el cierre para negociar temas de asistencia médica, acusando a los demócratas de priorizar beneficios para inmigrantes sin documentos legales.
Otro sector afectado por la prolongación del cierre es el transporte aéreo. La operación de los aeropuertos estadounidenses está bajo presión debido a la escasez de controladores aéreos, considerados trabajadores esenciales que actualmente prestan servicios sin recibir salarios. El aumento del ausentismo ha generado múltiples retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país. Situaciones similares durante el cierre de 2018-2019 fueron determinantes para que se pusiera fin en ese entonces a la paralización del gobierno.
Los legisladores continúan sin acuerdo para desbloquear la situación, mientras crece el número de sectores afectados y persisten las consecuencias económicas y sociales en múltiples niveles. De mantenerse el estancamiento, el cierre actual superaría cualquier antecedente en la historia de Estados Unidos en términos de duración, con implicaciones directas para decenas de millones de ciudadanos que dependen de programas y servicios federales suspendidos.
