Luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha resurgido el debate en torno al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico impulsada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Las declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum retomaron aquella estrategia como el punto de origen de la violencia que actualmente afecta al país, en particular a entidades como Michoacán.
Carlos Manzo, quien también se desempeñó como diputado federal, afirmó en vida que la tragedia actual en Michoacán comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando Calderón, recién iniciado su mandato, desplegó tropas militares para enfrentar a grupos del crimen organizado. En esa fecha se puso en marcha la ‘Operación Conjunta Michoacán’, que contempló el envío de alrededor de 7 mil militares a la entidad. En sus intervenciones públicas, Manzo señaló que esta medida no fortaleció la seguridad ciudadana, pero sí agudizó la violencia local.
La relación directa de Calderón con Michoacán, comunidad donde nació, fue uno de los factores que influyeron en que la estrategia tuviera como punto de partida al estado, además de que el gobernador en funciones en ese momento, Lázaro Cárdenas Batel, solicitó apoyo federal para enfrentar la creciente actividad delictiva. Esta cooperación interinstitucional entre los niveles de gobierno fue modulada por declaraciones como las vertidas por Cárdenas Batel, quien destacó en entrevistas como las de la revista Proceso que el crimen organizado había incrementado operativos y asesinatos.
La violencia se intensificó a partir de ese momento, con consecuencias visibles a nivel nacional. Durante el sexenio de Calderón, se registraron más de 121 mil muertes vinculadas a enfrentamientos armados. Michoacán fue uno de los estados más golpeados por los operativos militares, y hechos como el atentado con granadas ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, durante las celebraciones patrias, se convirtieron en símbolos emblemáticos de aquel periodo. El ataque dejó ocho muertos y numerosos heridos entre la población civil.
A esos saldos letales se sumaron miles de desapariciones forzadas y señalamientos de violaciones a los derechos humanos. Durante la administración calderonista, más de 5 mil personas fueron reportadas como desaparecidas, y 2 mil 126 casos fueron investigados bajo la figura de desaparición forzada. Organismos nacionales e internacionales documentaron denuncias de abusos cometidos por fuerzas armadas durante esta estrategia, lo que generó críticas sobre el rol otorgado al Ejército en tareas de seguridad pública.
El impacto generado por la llamada guerra contra el narcotráfico dio paso, tras el fin del mandato de Calderón, a una nueva etapa de autodefensa civil en Michoacán y otras regiones sensibles. En febrero de 2013 surgieron grupos civiles armados que alegaron la necesidad de protegerse ante la falta de seguridad. Este fenómeno representó una reacción organizada a lo que consideraron abandono institucional. Para 2025, la referencia a estos eventos sigue siendo parte del discurso oficial, como fue el caso de Sheinbaum, que vinculó los hechos actuales con el arranque de esa estrategia de confrontación armada emprendida casi dos décadas atrás.
