Autoridades de Estados Unidos investigan desde hace semanas presuntos nexos entre Pablo Lemus, actual gobernador de Jalisco, y Nazario Ramírez, detenido recientemente en Guadalajara, en supuesta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según información publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, la indagatoria estadounidense se centra en el posible financiamiento político de campañas de Lemus a través de Ramírez, señalado por su presunta colaboración con el CJNG.
El origen de la investigación surgió a raíz de la detención de Nazario Ramírez el pasado 15 de octubre en Guadalajara, quien es identificado como supuesto líder de transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco. Aunque el gremio negó la relación, Ramírez enfrenta señalamientos de actividades delictivas como tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsión, lo que atrajo la atención de las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con fuentes consultadas y el seguimiento periodístico, la relación entre Lemus y Ramírez data de la gestión de Lemus como alcalde de Guadalajara. Las investigaciones apuntan a que durante procesos electorales, la movilización de sindicatos apoyados por el CJNG habría favorecido a Lemus a cambio de contratos públicos útiles para los intereses de Ramírez. Una fotografía de ambos difundida recientemente ha incrementado las dudas sobre la naturaleza de su vínculo.
Este caso ha impactado directamente la imagen de Movimiento Ciudadano, partido liderado a nivel nacional por Jorge Álvarez Máynez y posicionado como tercera fuerza en 2024. El partido ha mantenido un discurso de desvinculación respecto a actos de corrupción y crimen organizado; sin embargo, estos eventos ponen en tela de juicio ese discurso y abren interrogantes sobre posibles futuras decisiones internacionales, como la cancelación de visas para políticos mexicanos, una medida ya aplicada antes a mandatarios estatales.
Hasta este momento, Pablo Lemus no figura en ninguna lista oficial de cancelación de visas en Estados Unidos, pero la evolución del caso permanece en observación. El antecedente de figuras políticas, como la gobernadora de Baja California y el exgobernador de Guerrero, cuyas visas fueron revocadas, sugiere que las medidas podrían extenderse si se confirmaran implicaciones relacionadas con actividades criminales. De momento, el impacto de la investigación se mantiene en el terreno político y mediático, con atención a nuevos desarrollos por parte de autoridades estadounidenses y mexicanas.
